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Actividades
El Observatorio participó del II Encuentro Cívico Iberoamericano
El foro sesionó en Uruguay el 2 y 3 de noviembre, bajo la consigna “Migraciones: un mundo sin muros con desarrollo sostenible para todos y todas”.
El encuentro culminó con la elaboración de un documento que fue entregado a los Jefes de Estado y de Gobierno que participaron de la XVI Cumbre Iberoamericana realizada en Montevideo en los días sucesivos, en el que se plantea la necesidad de no criminalizar la migración y la derogación de las leyes de extranjería que contradigan el derecho internacional de los derechos humanos garantizando el derecho a la libre circulación. El Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur participó en el encuentro a través de su directora ejecutiva, Margarita Navarrete, invitado por la Secretaria General Iberoamericana, a cargo de la organización de la actividad.
Las organizaciones exigieron a los gobiernos que “se responsabilicen y tomen medidas para prevenir y solucionar la situación de los millones de migrantes que día a día son vulnerados en sus derechos, mientras buscan a través del abandono de su lugar o país de origen o de adopción la forma de escapar de la pobreza, la falta de empleo, la desigualdad, la exclusión, el racismo y la discriminación de género que provocan las políticas económicas neoliberales”.
El documento titulado “Declaración de Pirlápolis”, rechaza la existencia de muros o vallas para separar los pueblos que provocan graves conflictos (...) al tiempo que fomentan la migración ilegal, así como la trata y tráfico de personas”.
Asimismo, propusieron a los Estados “flexibilizar la política migratoria y de acceso a visas en la perspectiva de la comunidad iberoamericana” y el diseño de políticas públicas que garanticen el trabajo decente para los migrantes y sus derechos sociolaborales.
Entre las extensas recomendaciones que plantan los representantes de la sociedad civil iberoamericana a los gobiernos, se destaca la facilitación de estrategias de reducción del costo de envío de remesas asegurando una transferencia rápida y segura, y el establecimiento de mecanismos para que los hijos e hijas de los migrantes residentes en países receptores gocen de todos los derechos ciudadanos, cualquiera sea la situación jurídica de sus padres.
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