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NOTICIAS |
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Parlamento uruguayo inicia el tratamiento del proyecto sobre Institución Nacional de Derechos Humanos. En foro organizado por el Observatorio, se vislumbró consenso para incorporar en el ámbito de sus competencias la implementación de los mecanismos nacionales de vigilancia creados por diversos instrumentos internacionales. Organizaciones sociales iniciarán campaña de sensibilización para impulsar aprobación. | |
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jueves, 11 de octubre de 2007 | |
La Comisión de Constitución y Legislación del Senado retomará en los próximos días el estudio del proyecto que crea una Institución Nacional de Derechos Humanos en Uruguay conforme a los Principios de Paris de las Naciones Unidas.
En este marco, el pasado 27 de setiembre, el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos del MERCOSUR organizó un foro debate en Montevideo sobre el papel de la sociedad civil en la futura Institución. El propósito de la actividad era generar un ámbito de intercambio de reflexiones acerca de la iniciativa y de la conveniencia de incorporar al texto la integración de los Mecanismos Nacionales de vigilancia establecidos por convenciones internacionales tales como: la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. En el semestre anterior, el Observatorio ya venía trabajando para la implementación del Mecanismo Nacional previsto en este último Protocolo en los diferentes Estados del bloque, en coordinación con la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).
Durante la reciente jornada de trabajo que tuvo lugar en las instalaciones del Palacio Legislativo, el punto fue planteado por Margarita Navarrete, Directora Ejecutiva del Observatorio.
Recordó que el gobierno Uruguayo se encuentra en situación de incumplimiento al no haber implementado a junio de este año el Mecanismo previsto en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura. Avalando la incorporación de dichos sistemas a las competencias de la futura Institución Nacional de Derechos Humanos, Navarrete agregó que la tendencia mundial es la convergencia en las instituciones nacionales, de los diferentes institutos preexistentes, como los Ombudsman por ejemplo, como forma de optimizar recursos y en función de la interdependencia e integralidad de los derechos fundamentales.
El planteo fue bien acogido por varios integrantes del panel, entre ellos por las legisladoras del gobierno, Margarita Pecovich y Daniela Payssé. En este sentido, la senadora Percovich se mostró partidaria de la idea y sostuvo que “ si la Institución nace y se concreta debe incorporar todos los seguimientos a las Convenciones Internacionales y no reducirse sólo a aquellas que lo piden”. Expresó que para ello es menester que a la hora de designar a los miembros permanentes de la Institución se tenga en cuenta la formación y perspectiva integral en los distintos candidatos y candidatas.
Por su parte la diputada Daniela Payssé compartió el planteo y aseguró que el proyecto a estudio del parlamento “tiene muy buena capacidad de integrar los mecanismos nacionales” que el Estado Uruguayo tiene que implementar. En tanto la diputada de la oposición, Beatriz Argimón sostuvo que la Institución Nacional de Derechos Humanos es “una herramienta que necesitamos como sociedad, porque es muy fácil aprobar Convenciones pero muy difícil aterrizarlas para que los derechos sean hechos”.
En agenda
Durante el Foro, en el que participaron como panelistas las referidas legisladoras y tres representantes de las organizaciones sociales, Javier Miranda (Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos), Fernando Willat (Servicio Paz y Justicia) y Francisco Otonelli (IELSUR), las parlamentarias formularon una exhortación a la sociedad civil a retomar el trabajo de sensibilización para impulsar la rápida sanción del proyecto. En tal sentido se planteó el anhelo de la mayoría de los presentes de que el mismo reciba la media sanción del Senado al 10 de diciembre de este año.
Por su parte, Javier Miranda, co-redactor del proyecto, subrayó que la Institución será un espacio donde discutir políticas de derechos humanos. “Hay instancias claves como la Asamblea de Derechos Humanos, que una o dos veces al año va a reunir a los miembros plenos, las agencias del Estado y las organizaciones, a discutir y hacer propuestas”.
En tanto, el Instituto de Estudios Legales y Sociales de Uruguay (IELSUR), expresó una serie de discrepancias con el proyecto. No obstante reafirmó su interés en que se establezca una Institución Nacional de Derechos Humanos pero con diferente alcance al proyectado.
En este sentido, el Dr. Francisco Otonelli, sostuvo que para IELSUR se debe establecer una Ley integral de promoción de derechos humanos que incluya una serie de modificaciones a normas procesales y a la organización del Poder Judicial, el Ministerio Público, así como otros agentes del Estado, de forma de garantizar la real protección y promoción de los derechos humanos. Dentro de dicha ley se debería crear la Institución con la finalidad de capacitar en derechos humanos a diversos grupos de funcionaros públicos (jueces, fiscales, policías, etc), así como promover y difundir los derechos fundamentales, realizar un informe anual y recibir denuncias sobre funcionarios públicos que realicen prácticas violatorias. IELSUR consideró que la actual proyección de la Institución Nacional debilita el accionar de las organizaciones sociales.
Por el contrario, Fernando Willat del Servicio Paz y Justicia, alegó que el proyecto a estudio “pone al día al país en un estándar fundamental como es tener una Institución Nacional”, a la vez que representa un salto cualitativo porque se trata de un instrumento para construir “respuestas estructurales a las violaciones”. Willat sostuvo que “no sólo no se debilita las posibilidades de participación e incidencia de las organizaciones de derechos humanos, sino que sería un elemento dinamizador de éstas a través de la Asamblea Nacional de derechos humanos”.
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