Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR
en el libro Sitio Observatorio

Principales desafíos en materia de libertad de expresión y derecho a la información

Edison Lanza

En el ámbito periodístico muchas veces el tema de la libertad de expresión queda como una cosa propia de los periodistas, cuando forma parte del entramado de la interrelación de los diferentes derechos. Es un tema que atañe a toda la sociedad civil y que abordarlo desde una órbita sectorial perjudica a los propios periodistas, a los que muchas veces se nos ve con desconfianza —como portadores de malas noticias.

Creo que hay que poner en contexto este tema de la libertad de expresión para no caer en los extremos habituales, que consisten, por un lado, en considerarla simplemente una libertad formal más, y por el otro, en suponer que ya está todo hecho y la libertad de expresión es uno de los derechos fundamentales que menos problemas tiene en la región para su ejercicio.

En Uruguay, en el último mes, en la agenda periodística se estaba tratando el tema de los apremios a menores en la colonia Berro, con denuncias de varias ONG de cosas como los «cinco minutos» y el «cuadradito», que son prácticas de maltrato —una suerte de boxeo que el propio personal de seguridad de ese centro de reclusión de menores hacía entre los menores para que se pegaran entre ellos, una serie de aislamiento por más de veintitrés horas que hacían a algunos menores, todas formas de castigos corporales—. Esto venía ocurriendo hacía años en Uruguay, finalmente tomó estado público a través de la prensa y se armó toda una discusión al respecto. También se venía discutiendo el tema de la pobreza en la agenda periodística, porque después de la crisis del 2002, la crisis financiera y la crisis social que se desató, aparecieron las primeras mediciones de qué repercusión social tuvo esa crisis y el dato de que la pobreza prácticamente se duplicó en el último quinquenio: los pobres pasaron en Uruguay de 400.000 a 800.000 después de la última crisis. Y otro tema de titulares, pese a que estamos en plena campaña electoral, es la aparición de una bacteria resistente, originada en el ámbito hospitalario, extendida luego a los ámbitos de los asentamientos irregulares, en la población carcelaria, una suerte de alarma sanitaria.

En esos tres casos, queda en evidencia que la libertad de expresión custodia las demás libertades. A partir de este tipo de cosas uno puede ver con claridad cómo con una vigencia plena y garantizada de la libertad de expresión se puede discutir la situación de los otros derechos humanos y se puede custodiar la situación de los otros derechos humanos. Estaba leyendo hace poco la biografía del periodista argentino Jacobo Timmerman, que publicaba el diario La Opinión cuando empezaba la planificación del genocidio y las desapariciones por la dictadura argentina. Timmerman publicaba los hábeas corpus que los abogados presentaban. No era una nota o un artículo denunciando la situación; eran «hábeas corpus por tal persona» y se hacía una pequeña reseña, como un aviso clasificado, una cosa muy chica. Timmerman después, obviamente, fue preso de la dictadura por publicar esas cosas y eso fue lo único que aparecía en la prenda del plan de desapariciones que después se ejecutó. O sea, es necesario poner un poco en perspectiva esta libertad y recordar que en las dictaduras la libertad de expresión siempre ha sido la primera libertad que los dictadores han suprimido, y después viene la concusión de todas las demás libertades.

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Tenemos que recuperar un poco esa visión de que la libertad de expresión es estratégica en ese sentido. Y también aventar la visión de que desde que hay democracia, desde la recuperación democrática hay libertad de expresión porque es inherente al sistema democrático y no hay más discusión. Creo que tampoco hay que permitir que se instale esa visión, porque no es cierta. También se necesitan políticas públicas para afianzar la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la información.

Estamos en toda la región bastante lejos de tener una plena vigencia de estos derechos. En el caso uruguayo, por ejemplo —aunque éste es un problema que tiene Chile también— muy recientemente procesaron a tres periodistas por el delito de difamación. Antes un periodista había publicado La historia negra de la justicia y el libro fue censurado en democracia. En Argentina fue famoso el caso Verbitsky y todas las causas penales que le abrió el gobierno de Menem en su momento.

En Uruguay tenemos decenas de juicios penales contra periodistas por año. Hice un relevamiento recientemente, desde el año 1985 a la fecha —es decir, desde la recuperación democrática— existieron 120 a 130 juicios penales por delitos como desacato, atentado contra el honor de un jefe extranjero, difamación, injuria, publicación de noticias falsas. Los periodistas ya de por sí tenemos la pena del proceso, y tener que probar en un juicio público lo que uno publicó —de fuentes que de pronto no quieren identificarse— es como una prueba diabólica. Supongamos, por ejemplo, que recibo información de que en la Colonia Berro hay apremios; me da la información un guardia que está en desacuerdo con lo que hacen sus colegas. Me hacen un juicio por difamación y tengo que probar o lograr que esa persona dé la cara y atestigüe en mi favor. Es lo que permiten las leyes penales represivas de la libertad de expresión, que en muchos casos fueron aprobadas en el siglo XIX y que en Uruguay y en los países de la región siguen vigentes.

La ley uruguaya se remite a todos los delitos penales que se puedan cometer por medio de la palabra y que están establecidos en el Código Penal. Ese Código Penal de 1934 sigue vigente en toda su extensión y los periodistas por lo general son denunciados por el delito de difamación, el delito de injuria, etc. En Uruguay —y en la región es igual—, según está establecido en el Código, aunque uno diga la verdad está cometiendo el delito de difamación; esa es la redacción básicamente. Después tenemos una serie de excepciones. Una de ellas se denomina la excepción de la verdad; es una escapatoria a ese delito, pero en definitiva el delito se cometió igual y lo que establece esa excepción es una causa de impunidad. El periodista queda sin pena pero cometió el delito.

Para que rijan plenamente los instrumentos internacionales que aprobaron nuestros países, que aprobó Uruguay, no puede existir una legislación que establezca que cuando el periodista diga la verdad en un caso de interés público está cometiendo un delito. Hay que derogar o cambiar estas leyes; como dice el Dr. Pan, son delitos típicos de la justicia civil. Si hay un daño al honor, puede dirimirse en el ámbito de la justicia civil, porque es el gran argumento: «ustedes quieren una patente para matar», «quieren quedar libres del ámbito penal para decir cualquier cosa». Si uno estudia los casos judiciales, va a ver que no son casos de personas individuales o ciudadanos comunes que le hacen juicio al periodista. En todos los casos son funcionarios del gobierno que se sintieron atacados en su honor porque se publicó alguna denuncia de corrupción o alguna cosa que no les gustaba.

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Del mismo modo tenemos el delito de desacato, que lo que hace es privilegiar el honor de un funcionario ubicándolo por sobre el resto de los ciudadanos. Ahí hay opiniones de la Comisión Interamericana, de la Relatoría de la OEA para la Libertad de Expresión que claramente establecen que son delitos contrarios a los instrumentos internacionales que se han aprobado.

El otro plano de los problemas que tenemos es el del derecho a la información. En Uruguay hay severas dificultades para los ciudadanos y para los periodistas de acceder a la información pública. Esto claramente repercute en el derecho a recibir y a investigar. Hay problemas relativos a la peculiar relación que hasta ahora ha tenido el sistema político con los permisarios de los medios electrónicos. Hay una concentración de los medios electrónicos en pocas manos. Y además, no hay ninguna regla en el sistema jurídico, no hay ningún marco jurídico transparente y claro para otorgar las concesiones y los permisos para televisión y radio. Porque en definitiva son ondas de la humanidad, ni siquiera son del Estado; los Estados las administran. Pero uno ve en el Uruguay que el gobierno de turno hasta la fecha ha otorgado los medios de comunicación a sus correligionarios o grupos de poder cercanos, y también les ha otorgado la publicidad del Estado a cambio de cobertura especial o silencios, según caso. Entonces, acá tenemos un problema que tiene que ver con la conformación del sistema de medios, tiene que ver con los contenidos que muchas veces vemos en televisión, porque en definitiva tienen su génesis en esta forma de otorgar los permisos a los medios de comunicación.

Baste un solo ejemplo: en Uruguay hay como 450 frecuencias para radio otorgadas en todo el país, y ninguna de ellas ha sido otorgada a una universidad o a una organización social; no hay una sola frecuencia otorgada a un sindicato, a una ONG… Si uno ve los nombres de los permisarios en cada zona del país, entiende con qué criterio se han otorgado: casi siempre con el criterio político. Después eso va a repercutir necesariamente en el derecho a la información y en la libertad de expresión, porque los periodistas van a quedar en el medio del sándwich. El jueves pasado, en la ciudad de Tacuarembó, que queda en el centro del Uruguay, un periodista estaba publicando una investigación sobre la municipalidad de Tacuarembó. El intendente llamó al dueño del medio, que es correligionario suyo; el dueño del medio le dijo: «No podés informar más de esto»; el periodista contestó: «Yo quiero seguir informando»; «Bueno, entonces te vas», fue la respuesta final. Es un sistema que en Uruguay todavía funciona.

Entonces, una política pública en el tema de la libertad de expresión que va a repercutir en el tema de los derechos humanos tiene que ver con un marco, aprobar una legislación transparente para el otorgamiento de ondas. Y además no tenerles miedo a ciertas políticas que se han aplicado en otras partes del mundo, que no consisten en introducirse en los contenidos —porque eso sería una tentación de censura—, sino aplicar un criterio de reservas; por ejemplo, determinado porcentaje del espacio radial vamos a reservarlo para temas educativos, o no sólo para temas educativos, sino para propuestas educativas, para universidades o para instituciones educativas. Determinado porcentaje de radios o de frecuencias vamos a reservarlas para organizaciones no gubernamentales o para distintos sectores de la sociedad. Porque, aparte, en Uruguay se está dando una cosa muy curiosa.

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No se quiere a discutir este tipo de políticas, pero, como hay tantas radios otorgadas (en ciudades a veces de alrededor de treinta mil habitantes hay siete radios otorgadas porque todo el mundo quiere tener su radio), luego ni siquiera el mercado puede dar satisfacción a ello; no hay avisadores para tantas radios. Entonces los permisarios actúan como verdaderos rentistas y arriendan espacios a iglesias pentecostales. De noche en Uruguay uno enciende la radio y piensa que estamos en el país más religioso del mundo, y en realidad estamos en el país más agnóstico del mundo. Entonces, sin quererlo, sin querer discutir este tipo de cosas, terminamos en una serie de arbitrariedades, de sinsentidos que se pueden cambiar. Para otorgar ondas hay que tener sistemas competitivos públicos, claros, hay que tener sistemas de reserva de espacios y además el Estado debe tener la capacidad de revocar los permisos. En Uruguay se da una onda y parece que se da para la eternidad; parece que fuera un pecado revocar. Usted, señor, trajo un proyecto periodístico, pero ahora tiene iglesias pentecostales. No, devuélvale la onda al Estado y el Estado la volverá a concesionar o a licitar entre diferentes propuestas.

En el tema de acceso a la información también tenemos el asunto, que el Dr. Pan refería muy bien, de la falta de aprobación de una legislación específica de acceso a la información y de hábeas data que haga efectivo ese derecho. Hoy en Uruguay es imposible acceder a una información pública. Vamos a suponer que se está licitando el aeropuerto (hace poco se licitó el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el principal aeropuerto del país); si uno como periodista quiere ver cuáles son las principales propuestas, informar a la ciudadanía qué está ocurriendo, qué están proponiendo los oferentes a esa licitación, no lo puede hacer porque la administración le dice: «No, usted no es el abogado de una de las empresas; por lo tanto, no es uno de los interesados. No me importa que sea periodista, no me importa que trabaje para el interés público, no puede acceder ». Y uno tiene que publicar la nota antes de que se haga la licitación; no la va a publicar cuando ya se hizo. Entonces dicen: «Bueno, presente una carta que nosotros le contestaremos», o «Vaya al Tribunal de lo Contencioso Administrativo » —proceso que puede durar uno o dos años…

La ley de acceso a la información que estamos promoviendo desde la Asociación de la Prensa desde hace más de diez años indica que la administración tiene quince días para pronunciarse si le da o no le da la información al periodista o al ciudadano que la solicita. Si no otorga esa información, tiene que fundar la negativa y además hay un proceso específico donde no van a entrar todas esas chicanas como «lo presentaste fuera de plazo», «hay otra vía judicial adecuada »... La ley dice que el juez tiene además veinte o treinta días para decidir si el Estado tiene que dar o no esa información. Ese tipo de legislación, que ya está vigente en otras partes de Sudamérica, hace diez años que se está discutiendo en el Parlamento; la Cámara de Diputados la aprueba pero el Senado ha sido un obstáculo infranqueable. Esta legislatura se va a terminar en pocos meses y vamos a tener que empezar de nuevo con esta ley en la próxima legislatura. Intentamos hacer esfuerzos hablando con el presidente del Senado, con los diferentes sectores, y lisa y llanamente algún legislador nos dijo: «No, ustedes quieren una cosa de una flexibilidad que van a saber lo que le pasa a cada legislador. No, esto es demasiado abierto, así no lo podemos aprobar».

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Este tipo de observatorio puede tener entre sus políticas, sus objetivos, hacer un seguimiento de lo que hacen los Estados en este campo. Es decir, «usted firmó, suscribió el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece el derecho a la información, ¿qué ha hecho para hacerlo efectivo?». En el caso de Uruguay, hasta ahora, nada, y a través de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, se aplicó en un par de casos el recurso de amparo para acceder a este tipo de informaciones, con lo cual se ha logrado algún avance desde ese campo.

Otro aspecto interesante en el campo del derecho a la información es el de las radios comunitarias. En Uruguay hay una ley de radiodifusión vigente que fue aprobada durante la dictadura militar y según esa legislación las radios comunitarias son lisa y llanamente ilegales. Hasta hace un par de años eran perseguidas directamente por el Estado; se allanaban los locales donde funcionaban y se requisaban los equipos. En esta última administración se creó la URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones), porque hasta hace un par de años la regulación de las comunicaciones estaba en el Ministerio de Defensa.

La URSEC ha sido más permisiva con las radios comunitarias; no hay una persecución sistemática, pero estas radios no han podido lograr una legislación que en principio establezca que son legales, que pueden funcionar como cualquier otra radio, con las características que tiene una radio de ese tipo. Se ha conformado un proyecto de ley al respecto que no se ha tratado en el Parlamento, y el lobby de la Asociación de Broadcasters, que son los empresarios, actuales permisarios, es muy firme para que no se apruebe una ley de este tipo. El otro día hubo en el Parlamento una discusión sobre este tema y hasta resultaba cómico, porque los que hoy son concesionarios de radio y televisión lo son porque en algún momento el Estado les otorgó el permiso para serlo, y el principal argumento de esta gente es que ya está muy saturado el espacio. Entonces, ellos entraron y después no puede entrar más nadie. Ahí no hay libertad de expresión, no hay derecho a expresarse para un amplio sector de la sociedad que no quiere tener una radio comercial, sino que quiere tener una radio apropiada para una comunidad, donde se traten los problemas específicos de esa comunidad.

Ése es otro tema que en Uruguay está en el debe y que también debe ser objeto de seguimiento de un observatorio de este tipo.

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Edison Lanza

Asesor jurídico de la Asociación de Periodistas del Uruguay (APU).

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