Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR
en el libro Sitio Observatorio

La experiencia de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur

Ricardo Vázquez

Es una satisfacción compartir estas jornadas con militantes, funcionarios y políticos que están vinculados a la defensa de los derechos humanos y comprometidos con ello. Me han pedido que aborde el tema del funcionamiento en la experiencia realizada en la Comisión Parlamentaria Conjunta (CPC). Ustedes saben que la CPC es una institución de las creadas por el Mercosur y que precisamente convoca a todos los parlamentarios de los países que componen el Mercosur.

Si bien el Mercosur fue creado en 1991, mediante el Tratado de Asunción, estas instituciones se crean en Ouro Preto en el año 1994. Hay un organismo que conduce los destinos del Mercosur, como entidad regional, que es el Consejo del Mercado Común, básicamente dirigido por las cancillerías y los ministerios de Economía. Hay otro grupo que incluye, además de los dos organismos de cada uno de los países miembros, a los bancos centrales. Hay otras instituciones, como el grupo vinculado al tema del comercio, que establece las normativas estrictamente comerciales entre los Estados firmantes, y finalmente un Consejo Económico Social, donde participan entidades y organizaciones de trabajadores y entidades de la sociedad civil para analizar los problemas políticos y sociales. Paralelamente hay una Secretaría Técnica que es la que hace el seguimiento de los acuerdos y negociaciones en cada una de las cumbres o reuniones del Consejo, del grupo vinculado a lo comercial y del grupo del Mercosur. Y luego está la CPC.

La Comisión Parlamentaria Conjunta está integrada por dieciséis miembros por cada uno de los países parte: ocho senadores y ocho diputados. Esta CPC obviamente se integra de manera indirecta: se conforma con diputados y senadores que han sido electos en cada uno de esos países; por lo tanto, no tienen una representación ciudadana original, sino que es derivada de su condición de diputados o de senadores en cada uno de sus países. Ese es un tema que después quiero abordar, porque en realidad no existe una representación de la ciudadanía del Mercosur sino la representación de los Estados nacionales. Esta CPC es una conjunción de voluntades políticas nacionales, no el reflejo de la representación de la ciudadanía del Mercosur, atento a que no existe consolidada aún tal ciudadanía. Existen ciudadanos uruguayos, brasileños, paraguayos y argentinos pero no todavía una consolidación ciudadana del Mercosur.

Voy a ser bastante pragmático y no teórico: voy a contarles cuál ha sido la experiencia para que ustedes puedan después analizarla. Dado que el propósito de esta reunión es consolidar o conformar un observatorio sobre derechos humanos en Mercosur, es importante la forma como se podrá relacionar este observatorio con aquellas instituciones del marco regional, para que estos relacionamientos puedan ser mejor estructurados. Porque si hablamos de protección y de promoción de los derechos humanos del Mercosur es fundamental que haya una vinculación muy estrecha de la sociedad civil, la cual de alguna manera tendrá que contribuir con la fiscalización de los propios gobiernos, con las entidades que representan este espíritu regional.

Por lo tanto, voy a ser muy claro: la CPC dentro del Mercosur es una entidad muy secundaria. No define ni decide ninguna de las políticas que se establecen por los gobiernos en el Mercosur. Simplemente efectúa y hace recomendaciones. Puede hacer resoluciones estrictamente en el plano interno, es decir, ordenar cuestiones organizativas hacia adentro, pero no puede más que emitir recomendaciones para que los gobiernos y el Consejo Parlamentario del Mercosur puedan tomar en cuenta esas observaciones. De tal manera, la capacidad decisoria de este embrión de parlamento es muy relativa, y yo diría que es escasa en relación con la cantidad de medidas, resoluciones y disposiciones que se han tomado en el Mercosur desde su inicio hasta el presente.

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Creo que básicamente este proceso de integración, como decía muy bien Bizzozero, ha sido un proceso muy abierto pero que ha tenido un contenido altamente comercial y económico, más allá de que esta integración en lo comercial y en lo económico supone una voluntad política de iniciar este proceso que comenzó allá por el 85 en las conversaciones entre Brasil y Argentina y terminó con el Tratado de Asunción. Con las posteriores mejoras institucionales, como este compromiso de Ushuaia del que hablaba Bizzozero, que de algún modo refleja una elevación de la calidad de la asociación, se comienza paulatinamente a incorporar algunos otros elementos políticos que hacen a una mayor riqueza del proceso de integración. Pero si tuviéramos que definirlo de alguna manera, en todos estos años, básicamente el Mercosur ha tenido estrictamente un carácter comercial y económico. Es sustancial, pero a partir de una idea primigenia que existe de la necesidad de una mayor integración, me parece que los aspectos laborales, sociales, culturales y políticos necesitan un proceso de mayor afianzamiento en la región. Por lo tanto, la conclusión que uno puede extraer de todo el funcionamiento interno del Mercosur es que es necesario revitalizarlo desde el punto de vista institucional.

En esto hay otro proceso que se inició hace dos o tres años, que consiste en avanzar hacia un cambio en lo que es hoy la Comisión Parlamentaria Conjunta. Ha habido varios proyectos, pero creo que en los últimos dos o tres años, a pesar de las crisis en el plano interno y en el rol que han tenido que ocupar, los legisladores han asumido de alguna manera cierta responsabilidad o convicción de que tienen un papel que cumplir como representantes del pueblo. En ese sentido me adscribo en aquella posición, porque ha sido una materia de amplia discusión en los Parlamentos y en la propia CPC: es necesario hacer evolucionar a la CPC hacia un Parlamento del Mercosur. Porque a mi criterio esto va a reflejar exactamente, en primer lugar, la consideración y la consolidación de una ciudadanía del Mercosur, y en segundo lugar, una defensa institucional de los ciudadanos en forma particular y no ya de los Estados, que van a tener que estar representados por sus respectivos gobiernos en los otros organismos que tiene el Mercosur.

Esto en mi opinión elevaría cualitativamente la posibilidad de introducir una serie de cuestiones que hoy aparecen muy marginales en el tratamiento conjunto que hacen los países, y que naturalmente deben estar presentes en todo proceso de integración cultural, social y política. Particularmente, en el tema derechos humanos me tomé el trabajo de ver algunas de las recomendaciones. Sobre 646 recomendaciones que tenía la CPC, 42 estaban referidas a los derechos humanos, donde básicamente estaban tratadas algunas cuestiones que tienen que ver más que nada con la defensa de la democracia y de los derechos civiles y políticos. Creo yo que si continúa este proceso de integración vamos a tener algunas cuestiones mucho más sustanciales por las cuales trabajar. Me parece que en el tema migratorio, como tema estrictamente regional y otros comunes, va a ser necesaria una presencia para preservar sobre todo el tema de discriminación, que todavía sigue presente en las fronteras argentinas y en el tratamiento que reciben muchos de nuestros connacionales.

Creo será de estos temas que tendrán que ocuparse tanto las agrupaciones civiles como la eventualidad de los legisladores que surjan en un marco de integración del Mercosur. También hay otras cuestiones, como una Carta del Trabajo, una Carta Social, del equilibrio en el sentido de trabajo y dignidad para los habitantes del Mercosur. Me parece que va a ser otro de los temas centrales y por supuesto un tratamiento muy particularizado. Hoy ya quizá no tengamos con el afianzamiento de la democracia una violación sistémica de los derechos humanos, pero sí podemos tener episodios de vulneraciones que una mirada atenta de representantes de la ciudadanía contribuiría a perfeccionar. Por supuesto, también a revitalizar el papel que cumplen las organizaciones de responsabilidad civil en esta interacción.

Creo que la mayor democratización va a contribuir sin duda a los propósitos que hoy tienen quienes están organizando este observatorio, y por eso la acción que se deba realizar —tanto en la esfera política como en la pública, vinculada a una mayor consolidación regional y política del Mercosur— me parece que tiene que ver con el mejoramiento y la protección de la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Muchas gracias.

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Ricardo Vázquez

Abogado argentino, ex diputado por la Unión Cívica Radical y ex Representante en la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.

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