Vengo de Chile, soy profesor en una Escuela de Derecho, y ella tiene un programa de derecho público que enfrenta este mismo desafío, que es el de involucrarse en las discusiones de las políticas públicas desde las perspectivas de los derechos humanos. Estamos tratando de aprender cómo hacer eso, la verdad.
Es una realidad bastante novedosa para nosotros y estamos en un proceso de aprendizaje que tiene algunos éxitos y algunos fracasos. Diría que la principal forma en que eso se plasma es el Informe Anual en Derechos Humanos que empezamos a sacar y ya estamos por la tercera edición. Ésta es la tarea que hacemos, en conjunto con otras tareas. Básicamente estamos en la defensa de casos a través de una clínica de investigación de interés público que tenemos en la Escuela, y con un conjunto de actividades de investigación, de promoción, de reunir actores, de mantener foros de preocupación por los distintos temas que nos interesan, a los cuales convocamos a los parlamentarios, a los actores políticos y sociales, con miras a analizar los problemas de esta prospectiva.
Me parecía necesario hacer esa introducción, pero me han pedido que aborde el tema de la libertad de expresión y el derecho a la información en Chile. Fue mi primer tema y es quizá el más importante en Chile respecto a la evolución de los derechos humanos en el último tiempo. Voy a ser muy esquemático, aunque los hechos no son tan coherentes como los voy a explicar aquí. Probablemente hay muchas contradicciones y muchas cuestiones de signo encontrado.
Nos empezamos a preocupar de esta cuestión durante el transcurso de transición democrática. Algunos podrán sostener, quizá con razón, que esto no ha terminado, pero la verdad es que podemos decir que durante los primeros años de la transición democrática encontramos en Chile un panorama que podríamos caracterizar más o menos de la siguiente manera: existía una sociedad civil bastante débil, veníamos de una tradición autoritaria muy fuerte, una prensa que solía ser bastante dócil respecto del ejercicio del poder, tanto por la práctica que existía durante la dictadura como por otro factor, que es que desde antes de la dictadura la prensa tenía la tradición de ser muy comprometida políticamente.
En consecuencia, uno encontraba que los periodistas tendían a alinearse con los partidos políticos que simpatizaban o a los que pertenecían. Los periodistas de izquierda atacaban a los de derecha, los de derecha atacaban a los de izquierda, en términos más o menos similares al tipo de ataque que tenían los propios políticos. El marco legal era realmente restrictivo; provenía de la dictadura militar y de las leyes que ésta había dictado, pero también de una tradición no demasiado abierta que tuvo Chile durante el período anterior. La democracia en Chile tuvo un período bastante largo desde los años veinte hasta el 73.
Las restricciones legales son muchísimas. Las más importantes que obraban en ese momento eran las que tenían que ver con la justicia militar. La justicia militar tenía una serie de instrumentos que le permitían ejercer acciones penales contra los periodistas, especialmente cuando criticaban a los militares. El sistema de censura cinematográfica había sido reforzado por la dictadura militar; había un sistema de control de las emisiones televisivas respecto a los contenidos, que también había sido objeto de regulación en esa época. Había numerosas normas de desacato (éstas eran mucho más antiguas), normas que protegen el honor, protegen de la crítica a quienes ejercen el poder, especialmente la crítica a militares y civiles; reglas penales sobre injurias y calumnias; delitos contra la intimidad, que defienden la esfera de la intimidad de las personas —que tuvieron gran importancia y vamos a ver más adelante— con un nivel de protección que excede lo que se podría considerar compatible con las reglas de libertad de expresión en el plano internacional. También se usaban los recursos constitucionales de protección. Lo que en algunos países se llama amparo en Chile se llama recursos de protección; son recursos de amparo constitucional para proteger el honor, y en el contexto de esos recursos se pedía a los jueces la adopción de medidas restrictivas de prensa; por ejemplo, típicamente, incautación de libros, prohibiciones de informar, etc.
Durante ese período, los conflictos entre prensa crítica y autoridades no fueron de los más importantes del proceso de transición, precisamente porque la prensa tenía cierta tradición de docilidad. No obstante, aquellos conflictos que se planteaban eran resueltos por un Poder Judicial bastante conservador en esta materia e inclinado a constituirse en el brazo represivo de los poderosos. En muchos casos el recurso era implementado por el propio juez. El que empezó a ser más fuertemente criticado fue el propio Poder Judicial, poco transparente y con larga tradición de autoritarismo.
Hubo un proceso de avance institucional en diversas materias, y también en esta área. Fueron avances institucionales tímidos, lentos. No constituyeron un tema central en la agenda de democratización de los gobiernos democráticos. En realidad, esos avances se produjeron por presión internacional, por presiones de alguna ONG o por iniciativas individuales de algunos políticos, pero la verdad es que la clase política instalada ya en el poder, tanto del gobierno como de la oposición, siempre tomó esto con una cierta reticencia, fue bastante tímida. En ese período se produjo una derogación parcial de las reglas de desacato; se mantenían algunas pero otras fueron derogadas, probablemente las más importantes.
Se reformó el sistema de censura cinematográfica mediante un sistema de calificación; se aligeran las reglas de control sobre los contenidos de la televisión; se dictó una nueva ley de acceso a la información y prioridad pública, que es bastante deficitaria, pero por lo menos establece los conceptos fundamentales y algunos derechos. Se dictó la Ley de Prensa, que legitima las reglas básicas del trabajo periodístico e incluye los derechos básicos, como las reglas de protección de las fuentes e información de los periodistas.
Se plantearon ya durante ese período algunos casos de aplicación de estas reglas contra periodistas que estaban ejerciendo la función periodística, destinada a cuestionar la actuación de personas que se encontraban en posiciones de poder, y la mayoría de estos casos fueron resueltos favorablemente a la persona afectada —o sea, personas que esperaban que sus actividades no fueran objeto de dominio público—. No obstante, hubo algunas victorias y se empezó a instalar la idea de la litigación en torno a la libertad de expresión. En los primeros casos hay una liquidación intensa, a veces después de un extenso debate. En otro caso esta liquidación llega a los organismos internacionales, o sea, la Corte Interamericana, y en varios de ellos el gobierno chileno es condenado, básicamente por resoluciones judiciales que significan censura de libros, restricción de la información de películas, por ejemplo, y otras similares.
En los últimos dos o tres años se ha producido en esta materia un cambio importante que ha llevado a este tema, que traía un paso cansino en su avance, a ser un tema central en Chile, y ha cambiado la conducta de los actores.
Sin mayores detalles voy a pasar a resumir las ideas que se manejan en Chile sobre esto.
Lo primero es que hay un cambio fundamental en la estructura social. Sobre esto hay numerosa literatura que lo acredita, pero básicamente piensen ustedes que Chile antes de asumir la democracia había duplicado su producto interno bruto, había tenido una enorme expansión del consumo y una enorme expansión de la clase media. Al mismo tiempo, este grupo social emergente que tenía una mayor capacidad de acceso a bienes, servicios, ideas, empezó a desarrollar una enorme desconfianza hacia el discurso de las elites. Entiendo aquí por elites a todos aquellos grupos que fueron hegemónicos en nuestra sociedad.
Esto abarca, por supuesto, a los políticos, a la Iglesia Católica, a los jueces, los profesores universitarios, incluso a los profesionales universitarios. Un enorme distanciamiento que va a ser bastante impune y bastante hegemónico, y una masa consumidora que tiende a pensar que esta gente de alguna manera «se arregla los bigotes» y que el discurso que plantea no es real. Cuando los políticos o los curas hacen un planteamiento, en realidad no están expresando lo que hay detrás y cuáles son los verdaderos temas.
Junto con este fenómeno, muy fuerte en la sociedad chilena, especialmente en la juventud y varios sectores sociales, hay fenómeno de cambio muy sustancial en lo que algún analista da en llamar el ethos de la función periodística. Yo estaba mencionando algunos elementos de la función periodística en el pasado: la docilidad durante la dictadura y también la filiación política de los periodistas y su lealtad, digámoslo así, para con los grupos políticos. Pero en los últimos años las generaciones de periodistas están mucho más sometidas a un régimen de competencia, por la expansión del número de periodistas que hay en Chile.
Uno levanta una piedra y aparecen varios periodistas, y varios abogados también. Pero además, hay cierta identificación de los propios periodistas con un nuevo ethos profesional: la idea de que el periodista básicamente es un sujeto que ejerce una función de control del poder; el develamiento de este discurso de las elites que de alguna manera oculta muchas cosas. Entonces los periodistas hoy día empiezan a competir en el lenguaje que usan. Hay periodistas de investigación, de develamiento, periodistas que buscan esclarecer lo que está oculto detrás del discurso oficial. Esto viene reforzado por la vergüenza de lo que fue el ejercicio durante toda la dictadura, incluso durante el período democrático posterior.
Chile vivió una semidemocracia durante diez años, que muchos consideran que fue bastante vergonzosa, cuando Pinochet era comandante en jefe, que se podría considerar una prolongación del período autoritario. Entonces tenemos, primero, un cambio social, y segundo, un cambio en el ethos de la concepción de la función periodística muy fuerte. Tercero, diría yo, un cambio fundamental en la estructura y el funcionamiento de la industria de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en el período de transición democrática estaban muy concentrados y eran en general muy manejados ideológicamente por sus dueños, de una manera bastante centralizada. Aparentemente eso no ha cambiado sustancialmente. Los medios de comunicación siguen estando en poder de empresas que tienen dueños reconocibles y son bastante monopólicas, pero aparentemente hay un cambio por la multiplicación de los medios de comunicación, de Internet, de la televisión por cable, etc., y por esta misma expansión del consumo y de la masa de consumidores. Es una gran intensificación de la competencia de los medios periodísticos y una especie de transferencia en el funcionamiento de los medios de comunicación, desde la estricta manipulación a una cierta mayor lealtad respecto de la audiencia. En Chile hay un canal, el canal católico, con un gran rating, que la Iglesia manipulaba, ponía los contenidos que ella quería. Hoy día está clarísimo que si ese canal no compite y satisface al cliente, va a quebrar, y ya se habla de que en los próximos meses es muy probable que quiebre. Lo que está es en una lucha desesperada por sobrevivir y la manera de sobrevivir es aproximarse al público.
Al mismo tiempo, esto ha derivado en una lógica de escándalo, de farándula, de informaciones irrelevantes sobre las vidas de artistas menores y otros personajillos de la vida pública. En muchos casos, con bastante audacia, salen noticias que no han sido investigadas de una manera apropiada... Estoy describiendo el fenómeno. Un fenómeno que tiene matices a veces de distinto sentido, pero eso es lo que ocurre.
Frente a esto se observa una retracción muy fuerte y una corporativización de las elites. Las elites —vuelvo a enumerarlas: la Iglesia Católica, los políticos de todos los signos, los funcionarios públicos, los jueces muy predominantemente, y todos aquellos sectores que en la sociedad chilena solían ser influyentes— se sienten amenazadas, sienten que éste es un fenómeno que las ataca, que las afecta brutalmente. En algunos casos se han producido situaciones con las cuales ellas se identifican: personas que han visto destruido su prestigio en pocos meses por obra de investigaciones periodísticas, de acusaciones de corrupción, de acusaciones de abuso infantil —políticos que llegaron a abusar y contratar prostitución juvenil—, y esto ha generado una retracción muy fuerte.
En el terreno institucional esto se ha traducido en una completa detención de los cambios. El proceso de lento abandono de esta herencia autoritaria institucional se ha detenido. La agenda de la libertad de expresión al día de hoy está paralizada. Pero no sólo eso: ha habido intentos de reversión. Hace unos pocos meses hubo un intento, aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados, de dictar una Ley de Indemnizaciones Civiles destinada a sumarse a las reglas penales de restricción de la libertad de información, que básicamente estaría destinada a evitar la investigación periodística en todo lo que ellos consideraban espacio de privacidad, sin hacer excepciones al interés público. Toda inserción en los espacios de privacidad iba a ser objeto de una indemnización civil adicional a las reglas penales que ya existían. Esto fue objeto de un gran debate nacional y fue detenido por los medios de comunicación. Los medios revelaron la existencia de esta ley que iba avanzando sigilosamente por el Congreso, y el proceso se detuvo. Pero tampoco hay alguna posibilidad de avanzar.
En segundo lugar, existe una identificación muy fuerte de los jueces con esta lógica. Los jueces son de los grupos de la elite que se sienten más afectados por esta nueva dinámica de los medios de comunicación; sienten que los periodistas los están atacando, que los están atacando injustamente —en algunos casos tienen razón, en otros no tanto—, y algunos han empezado a aplicar las reglas restrictivas que la legislación establece, de forma mucho más agresiva que la que emplearon en toda la historia chilena.
Entonces empezamos a ver condenas a periodistas, muchas, incluso fuera de Santiago, donde esto ocurría tradicionalmente. Condenas a periodistas en todo el país por delitos de injurias, calumnias, que tradicionalmente no conducían a condena. Condenas por violaciones de la intimidad; medidas restrictivas en el marco de procesos penales; medidas de incautación de libros, decretos de prohibición de informar… Todo esto en medio de debates diarios por la prensa. El que es considerado el periodista más creíble del país tiene una condena ya y aparentemente está a punto de encarar una segunda en un proceso penal que se le acaba de instalar, o sea, está siendo objeto de una persecución penal intensa.
Hay casos muy importantes que han marcado la agenda en esta materia. Uno es el caso que les mencionaba, contra dos senadores de la derecha, por haber participado en actos de prostitución infantil, prostitución juvenil, que ha sido un show que ha durado muchos meses y que ha creado numerosas querellas penales, por injurias, calumnias, en uno y otro sentido, e intervención judicial.
Hubo destitución de jueces o ex jueces que fueron objeto de investigación periodística por sus conductas sexuales, y eso a su vez generó otras causas penales. Un caso muy importante de corrupción gubernamental en el que había numerosas investigaciones periodísticas fue el de desvío de fondos públicos a campañas políticas, y también la investigación sobre los supuestos intentos del gobierno de manipular a los jueces que estaban encargados de esa investigación; y en el medio de esto, de nuevo, causas penales, investigaciones, descubrimiento de que unos jueces mentían, otros se contradecían…
Nosotros también hemos participado en alguno de estos casos. Por primera vez empezamos a tener algunas victorias. Hay algunos jueces que con el tiempo han obtenido una formación en temas de libertad de expresión y han desarrollado jurisprudencia, yo diría que minoritaria, pero importante porque se ha empezado a reconocer la vigencia de este derecho frente a las querellas que pretenden limitar la función periodística. Asimismo, hemos continuado en nuestra función de tratar de reunir a los actores, reaccionar frente a las manifestaciones más importantes. Pero el tema está abierto.
Desde luego que queda mucho por hacer, pero ¿cuál es el panorama de los próximos tiempos? Fruto de esta situación ocurrida en el último par de años, las alianzas que solíamos establecer con miras a avanzar en el desarrollo de la libertad de expresión se han quebrado, debido a la cohesión de las elites del pasado, de aquellos sectores del gobierno que de alguna manera podían jugar, incluso con los medios de comunicación y con los grupos de derechos humanos, y habrían podido avanzar. Eso se ha roto y no sabemos cómo se podrá recomponer. Vemos por el momento muy difícil que eso ocurra.
En segundo lugar, tenemos un problema muy serio con los jueces. Nuestros jueces no están entrenados, ni aun aquellos que son liberales en otras materias.
Eso es lo curioso. Hemos tenido jueces que han sido muy productivos en materia de derechos humanos, por ejemplo, o jueces que son liberales en general, en diversas cuestiones en materia jurídica. Pero aun esos jueces suelen ser muy refractarios frente al tema de libertad de expresión, porque se sienten atacados diariamente por la prensa, ellos y sus colegas. Sienten que los medios informan de una manera distorsionada sobre los casos que ellos llevan, que los ridiculizan, que los atacan cuando no toman las decisiones más aceptables popularmente, y por tanto allí hay un problema muy serio. ¿Cómo es posible entrenara los jueces, convencerlos, persuadirlos de que la libertad de expresión es un valor, que hay ciertos estándares que es preciso respetar?
Y por último, hay un tema que me parece muy importante, que todavía no hemos abordado, recién lo estamos empezando a pensar, y es cómo mejorar el trabajo periodístico. Porque la apertura de esta nueva lógica de los medios de comunicación y de los periodistas corre el riesgo (no creo que en Chile sea muy fuerte, pero es un riesgo) de llevar a una especie de periodismo salvaje, que es incontrolable y que no tiene estándares de rigor. Me ha tocado ver en algunos países de América Latina, aunque no de esta zona, cómo los periodistas se transforman en verdaderos verdugos, que sin mayor rigor condenan a jueces que a veces han actuado de manera apropiada, y si bien estos periodistas están entrenados y motivados por la crítica al poder, no están entrenados en el respeto a algunas reglas institucionales, no están entrenados en la necesidad de cuidar la democracia, de cuidar algunas instituciones, sobre todo cuando funcionan bien.
Todos estamos de cuerdo en criticar a los jueces cuando funcionan mal, pero cuando funcionan bien no nos parece que eso sea lo correcto.
En el caso de Chile creo que éste es un tema pendiente. Hay algunas cuestiones que se han hecho, sin embargo. Aunque es una institución antigua, recientemente ha empezado a funcionar la Asociación Ética de los Medios de Comunicación. Hace unos días se planteó un debate muy interesante. La Asesoría General Pública, que es un organismo creado hace poco, en el marco de la justicia penal, presentó un conjunto de casos ante el Tribunal de Ética de los Medios de Comunicación. Denunciaba cómo los medios periodísticos atacan a jueces que no han hecho otra cosa que cumplir con su deber. Eso perjudica mucho a los defensores, porque ellos están viendo que es cada vez más difícil establecer la defensa a sus clientes ante treinta jueces intimidados por los medios. Presentaron los defensores de una manera muy apropiada, muy ordenada, un conjunto de casos en los que se muestra cómo los medios de comunicación han distorsionado la información en casos judiciales en que el juez dio lugar a la aplicación de garantías básicas, y producto de eso el juez fue objeto de una crítica injustificada de parte de los medios. Eso es todavía tenue, pero me parece que es un tema importante, porque la libertad de expresión, en los países donde ha funcionado, se vincula con cierta excelencia en el trabajo periodístico. La libertad de expresión requiere una cierta lógica de buen funcionamiento del trabajo periodístico que me parece interesante revelar. Muchas gracias.
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Cristian Riego Ramírez
Director académico del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, Universidad Diego Portales, Chile.