Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el MERCOSUR
en el libro Sitio Observatorio

Memoria Abierta

Patricia Tappatá de Valdez

Argentina ha experimentado desde 1983 la casi totalidad de las opciones que se conocen en el tratamiento judicial y social del pasado de violaciones a los derechos humanos. Nosotros tuvimos autoamnistía, promulgada en las postrimerías del régimen militar; su anulación por vía legislativa en los primeros días de la democracia; investigación sobre el funcionamiento de la represión ilegal y de su más trágica consecuencia, los desaparecidos, a través de la Conadep, lo que en lenguaje moderno se llamaría una comisión de la verdad. Inmediatamente después, juicio oral y público y condena para los integrantes de las juntas militares, procesamientos de cientos de miembros de las fuerzas armadas; leyes de impunidad hacia finales de los ochenta, Punto Final y Obediencia Debida, indultos para los que habían sido condenados unos años antes. Luego de unos años, confesiones; fueron muy pocas pero hubo una particularmente muy significativa, de miembros de las fuerzas armadas que dieron cuenta de la manera como los desaparecidos habían sido eliminados luego de estar en los centros clandestinos. Posteriormente hubo avances en los procesos judiciales a quienes se habían apropiado de niños nacidos en cautiverio o los habían secuestrado junto con sus padres, en casos que habían sido sustraídos del juicio oral y público a las justas militares de entonces. Hubo también medidas amplias de reparación a las víctimas, una variedad realmente grande que no es oportuno mencionar aquí; juicios por la verdad, juicios en el exterior por la jurisdicción universal.

Más recientemente, 25 años después, reactivación de la vía judicial, anulación legislativa de las leyes de impunidad. Y mucho más cerca en el tiempo, la crea ción de un archivo nacional de la memoria, iniciativas múltiples para la reconstrucción de sitios, desde la sociedad civil, desde el Estado, desde los estados locales en lo nacional, junto con proyectos muy importantes para la construcción de monumentos y la instalación de museos, de los cuales los dos más importantes son los dos de Buenos Aires: el Parque de la Memoria y el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado. También en Buenos Aires, la decisión presidencial del convenio firmado entre el gobierno local y el nacional para establecer, en lo que fue el predio del centro clandestino más emblemático, la ESMA, un espacio para la memoria y la defensa de los derechos humanos o un museo.

Estos esfuerzos y avances en todos estos años nunca fueron lineales; marcaron con distinto grado de intensidad el debate político público entre distintos grupos de la sociedad civil y las instituciones de la democracia, también con distinto grado de conflicto. Pero quizá esta dinámica de más de veinte años es la explicación primera de por qué en Argentina el tema de los derechos humanos, y en especial el tema del pasado traumático de violación a los derechos humanos, siempre se mantuvo en la agenda pública y fueron inútiles los esfuerzos por clausurarlo. Y explica también parte de la preocupación de la presente administración por retomar y desarrollar acciones que recuperen esa iniciativa y la intención de desarrollar políticas claras de memoria colectiva.

Este rol de sociedad civil ha sido, entonces, crucial. Las organizaciones de derechos humanos nacieron con una fuerte legitimidad en momentos de atropello generalizado a derechos civiles y políticos; encabezaron la oposición a la dictadura, lo que les dio definitivamente un liderazgo ético y político fuerte, que se opacó en ocasión de las leyes de impunidad y los decretos de indulto. A partir de ese momento las organizaciones de derechos humanos tuvieron un tiempo como de latencia, una meseta de ausencia de protagonismo y participación, espacio que se retomó sin embargo con una enorme fuerza a partir de 1996, cuando se cumplieron 20 años del golpe militar que había dado inicio a la última dictadura y que produjo una especie de eclosión de la memoria, con variadísimas manifestaciones en lo cultural y en lo político que recogían esa obstinación de tantos años de mantener con fuerza el reclamo de verdad y de justicia. También recogían la enorme creatividad aplicada en la vía judicial, que en el caso de Argentina intentó y probó; a veces fracasó, pero muchas más, creo, obtuvo logros importantes en los niveles locales, en los niveles regionales y universales, y con todas las cuestiones de jurisdicción universal.

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Esta activación del recuerdo y del homenaje orientada a preservar la memoria por parte de los grupos de derechos humanos y su presencia en la escena pública no significan, sin embargo, que la historia reciente y la memoria que proclamamos esté ampliamente debatida o expuesta para la sociedad en su conjunto. Tampoco es claro aún cuál es la incidencia de esta presencia del tema de la memoria y el debate que suscita, cómo está contribuyendo a la construcción de una institucionalidad política nueva y distinta, donde los valores y comportamientos democráticos prevalezcan sobre aquellas prácticas y aquellos modos de organización de la política más arraigados en nuestro país, que vienen no sólo de la dictadura sino de mucho antes, pero que alcanzaron niveles de paroxismo en los momentos más autoritarios, y también niveles de paroxismo en el sentido de hartazgo ciudadano en la última crisis de diciembre de 2001.

Dentro de esta dinámica, veamos por qué los organismos de derechos humanos decidimos en el año 2000 trabajar de manera coordinada y comenzamos a armar Memoria Abierta. Siempre se dice en Argentina que los organismos de derechos humanos hicimos memoria de los hechos en el mismo momento en que fueron creados. Sin embargo, justamente por este proceso de presencia en la vida política y social argentina, así como por el deseo y el esfuerzo de avanzar en la preservación de la memoria y en lograr en particular crear un museo, fue que a finales de 1999 vimos que la tarea de la memoria organizada de manera sistemática para producir debate político, debate público, no era tarea para uno solo. Entonces ocho organizaciones de derechos humanos decidimos formar una alianza que tiene como misión preservar la memoria de lo sucedido en la Argentina durante el período de la violencia política y el terrorismo de Estado, y sus huellas en el presente. Trabajamos para promover un recuerdo activo en la idea de que aquellas sociedades que recuerdan y debaten su pasado tienen más posibilidades —aunque nunca todas— de elaborar memoria social que contribuya a fortalecer su identidad y sobre todo a generar una convivencia democrática cada vez más igualitaria.

Estamos juntas las Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Asociación Buena Memoria, el CELS, el SERPAJ, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, las Madres de Plaza de Mayo (en línea fundadora). Nos organizamos en cuatro programas. Empezamos con dos, centrales. El primero fue el tratamiento del enorme acervo documental que los organismos de derechos humanos habíamos construido desde el momento mismo de la fundación. En medio de las dictaduras, el valor de nuestro trabajo estaba muy fuertemente centrado en los documentos, en los testimonios de las personas que venían a denunciar, en los recursos de hábeas corpus, en las denuncias, en los comunicados públicos, en las cartas que escribíamos al exterior y al interior. Esta enorme cantidad de documentos estaba dispersa en cada uno de nuestros locales, de nuestras oficinas, sin recursos, sin recibir un tratamiento adecuado. En algunos casos, muy a la deriva y muy a merced del deterioro por efectos ambientales —inundaciones, luces inadecuadas, mudanzas, bichos, etc.—. Entonces organizamos un programa de ordenamiento, catalogación y archivo de esos documentos que tienen una característica: cada organización conserva la posesión física de sus documentos y las seis que tenemos centro de documentación trabajamos con un programa centralizado que permite que los investigadores y el público en general puedan acceder a los documentos a través de la página web. Es decir, los documentos están reunidos en una base única y común accesible por Internet y cada organización conserva y preserva esta documentación de manera organizada, limpia y sobre todo accesible.

El segundo programa es un archivo oral. Nuestro archivo tiene como misión central crear nueva fuente histórica, escuchar a través de los testimonios las historias relatadas por protagonistas, testigos, familiares de víctimas, personalidades de la época, en fin. El archivo usa tecnología digital. En este momento tenemos más de 360 testimonios organizados en un archivo, que pertenecen a distintas categorías; esto significa más de 800 horas de video. El archivo es de acceso público; tiene restricciones sólo en algunos casos que tienen porciones de la historia particularmente privadas y las personas que dan testimonio así lo señalan. El archivo es una fuente de primer orden para la preparación de material educativo. Ya en el año 2002 produjimos una exhibición virtual que se llama «Otras voces de la historia. De abogados, derecho y política». Los abogados en Argentina, como defensores y como víctimas, han sido un actor crucial en todo este proceso. Construimos una colección sobre abogados, otra colección sobre el caso de los astilleros Ascarza —un sector gremial particularmente golpeado en los años de dictadura— y un tercero sobre la mansión Seré, que fue uno de los centros clandestinos de detención.

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Tenemos dos programas más. Un archivo fotográfico con más de 4000 fotografías, una fuente que complementa con imágenes este relato del cual hablan los documentos y las voces. Son fotografías de lo más variadas: muchas de vida cotidiana, junto con aquellas primeras que identificaron tan fuertemente la imagen pública de los organismos, que son las fotos de las propias víctimas desaparecidas; pero el archivo tiene también la digitalización del relevamiento fotográfico que hizo la Conadep al visitar los centros clandestinos de detención inmediatamente después que la democracia fuera recuperada.

Finalmente, nuestro programa más reciente es el que se llama Topografía de la Memoria, que está investigando poco a poco, porque son muchos, los centros clandestinos de detención, o sea, aquellos lugares que fueron usados para instrumentar y extender la represión ilegal. Algunos de ellos son posibles de recuperar, otros han sido destruidos. El programa pretende investigar el modo en que funcionaron, las características centrales y la forma, la geografía, la topografía en el territorio nacional que fue utilizada para el plan de exterminio. Este programa tiene además otras dos funciones que son, por una parte, acompañar las experiencias de reconstrucción y de interpretación de estos centros clandestinos, y por otra, la más reciente, producir los «recorridos por la memoria», que muestra cómo el tejido de la ciudad de Buenos Aires sirvió a la represión. Estamos en una etapa piloto y esperamos que aquello que hemos hecho muchas veces a partir de pedidos individuales y acotados, podamos hacerlo para quienes visiten Argentina, para los estudiantes secundarios y universitarios, para el público y para quienes quieran conocer más sobre esto.

Son sólo los programas esquemáticos Hay una cantidad de actividades que tienen como misión poner toda esta información para que la sociedad argentina conozca, recuerde, se reconozca, acepte las partes más difíciles y aquellas que fueron resistencia mucho más valiosa, y para que podamos tener una política mucho mejor.

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Patricia Tappatá de Valdez

Directora de Memoria Abierta, Acción Coordinada de Organizaciones de Derechos Humanos, Argentina.

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