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Examen Periódico Universal: Argentina y Brasil bajo la lupa de ONU

Argentina
En el marco del Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Estado argentino aceptó las recomendaciones del organismo internacional y se comprometió a profundizar el proceso de justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, mejorar las condiciones de detención y garantizar el ejercicio de derechos de los niños, niñas y adolescentes y de los pueblos indígenas, según informó el centro de prensa del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina, organización integrante del Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur.

El Examen Periódico Universal es el nuevo mecanismo de monitoreo de los derechos humanos en los Estados miembro de las Naciones Unidas, implementado a partir de la puesta en funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entre 2008 y 2011 todos los Estados integrantes del Sistema serán examinados. La metodología de este monitoreo supone la presentación de un informe por parte del Estado, otro del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de las instituciones nacionales de derechos humanos de cada país, y de las organizaciones sociales locales acreditadas ante el Consejo.
En el caso de Argentina, el Consejo evaluó positivamente los avances señalados por el Estado argentino respecto a los crímenes ocurridos durante la última dictadura, pero también reconoció la existencia de problemas de seguridad y de estrategia judicial para lograr el juzgamiento de los responsables.
El CELS informó que “la ONU subrayó la necesidad de asegurar la adecuada implementación de políticas de protección para los testigos y defensores de derechos humanos. Al mismo tiempo, reclamó al Estado adoptar medidas para garantizar que los procesos se lleven a cabo en forma rápida y efectiva. En estas recomendaciones se evidenció la preocupación de la comunidad internacional frente a los nuevos obstáculos que enfrenta el proceso de justicia”.
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura
La situación carcelaria fue otro de los ejes en los que se centró el Consejo. Al respecto, el Estado argentino “se comprometió a implementar el Mecanismo Nacional establecido en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y a adoptar políticas específicas en materia de sobrepoblación carcelaria. Asimismo, el Estado deberá analizar mecanismos alternativos a la prisión preventiva y combatir la impunidad frente a los casos de tortura”.
Las recomendaciones de la ONU incluyeron además la obligación de mejorar la situación de los niños privados de libertad, prohibir las sentencias a cadena perpetua para personas menores a 18 anos y desarrollar mecanismos que garanticen el respeto del derecho a la tierra para las comunidades indígenas.
El CELS consideró que los compromisos asumidos por el Estado argentino ante el Consejo de Derechos Humanos pueden ser interpretados como un primer paso en la dirección correcta. No obstante, el director ejecutivo de la organización, Gastón Chillier remarcó que “el verdadero desafío será traducir estos compromisos en políticas concretas que impliquen mejoras sustanciales en la situación de los derechos humanos en la Argentina”.
Brasil
En el caso de Brasil, el Consejo emitió 15 recomendaciones aceptadas públicamente por el Estado. 
Según informó la organización Conectas Derechos Humanos, que también integra el Observatorio de Políticas Públicas de Derechos Humanos en el Mercosur, entre las pautas emitidas por el Cosnejo se destacan: la adopción de medidas concretas para mejorar las condiciones del sistema penitenciario y la implementación de las recomendaciones hechos por el Comité de Tortura y el Comité de Derechos Humanos de la ONU; el aumento de los esfuerzos contra el abuso de poder y el uso excesivo de la fuerza policial; la intensificación de las acciones para garantizar la seguridad de los
defensores de derechos humanos y establecer una institución nacional de derechos humanos conforme estipulado en los Principios de Paris adoptados por la ONU en 1993.
Además, los Estados le recomendaron a Brasil la ejecución de políticas de reforma agraria, con énfasis en la titulación de tierras afro-descendientes, así como federalizar el examen de graves abusos de derechos humanos.
El Estado brasileño asumió el compromiso voluntario de crear nuevas herramientas para el monitoreo interno de los derechos humanos. Para eso, se comprometió a elaborar informes anuales sobre la situación de derechos humanos en el país y a crear un sistema nacional de indicadores de derechos humanos.
”Las recomendaciones aprobadas no son muy diferentes de las diversas recomendaciones hechas a Brasil en las últimas décadas por otros mecanismos de la ONU. El desafío es conseguir que los gobiernos federal, estatal y municipal las tomen en serio, transformándolas en medidas concretas y políticas públicas
efectivas” afirmó Lucia Nader, coordinadora de Relaciones Internacionales de Conectas Derechos Humanos, quien acompañó la divulgación del informe en Ginebra. 
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