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Relator Especial de ONU sobre tortura advierte “violación de derechos humanos a gran escala” en el sistema penitenciario Uruguayo. Insta al gobierno a tomar medidas urgentes. Destaca avances en la legislación para prevenir y combatir la tortura.

terça-feira, 31 de março de 2009

En el marco de la misión en Uruguay desarrollada entre el 22 y el 27 de marzo , el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, Manfred Nowak, visitó distintos centros de privación de libertad y mantuvo diversas entrevistas con autoridades nacionales y representantes de las organizaciones de la sociedad civl.
Al concluir su visita emitió una declaración en la que sostuvo que “ existe una necesidad urgente de tomar medidas contra dichas violaciones de derechos humanos a gran escala.”.

En particular destacó la grave situación del Penal de Libertad: “ las condiciones en los módulos de acero conocidos como Las Latas, son un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que trabajar ahí, corriendo ambos riesgo para su vida. Este lugar, en donde los procesados y condenados se alojan como animales en contenedores sobrepoblados durante casi 24 horas al día, es detestable. Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. También tienen acceso médico limitado, por lo que los detenidos tienen que hacerse cortes en el cuerpo a si mismos, para poder ver a un médico”, según reprodujo el portal de noticas Espectador.com.
Asimismo destacó que en otro de los centros, el COMPEN, el número de reclusos es hasta cinco veces superior al de su capacidad.
Nowak sostuvo que recibió “pocas alegaciones de tortura en comisarías, las cuales fueron demostradas más allá de toda duda por exámenes forenses y otras pruebas. Sin embargo, recibí numerosas alegaciones creíbles de malos tratos y uso excesivo de la fuerza en prisiones, comisarías de policía y centros de detención de adolescentes”, dijo.
Paralelamente el Relator destacó que “con la ley 17.897 sobre la Humanización del Sistema Carcelario, el Gobierno ha dado un paso importante. Sin embargo, son necesarios algunos cambios fundamentales al sistema de justicia penal en su totalidad, con el fin de prevenir el colapso del sistema penitenciario”.
Respecto a la situación de los jovenes privados de libertad sostuvo que “la privación de libertad de adolescentes se utiliza como primer recurso y no como el último”.
Agregó que “los adolescentes detenidos en establecimientos de máxima seguridad viven en condiciones extremadamente pobres. En su mayoría, carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación, y los menores se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día. Las condiciones sanitarias en los centros que visité son terribles. Los adolescentes no tienen inodoros en sus celdas, y en ocasiones tienen que esperar durante horas para que un funcionario les deje ir al baño. Como resultado, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en botellas y bolsas de plástico, las cuales después tiran por la ventana, dejando el lugar con un olor repugnante. Un gran número de adolescentes privados de libertad son adictos o consumidores de drogas. Muchos de ellos reciben sedantes como sustituto a las drogas. Son muy comunes las quejas de golpizas y castigos colectivos durante los motines y rebeliones”.
El Relator destacó como un hecho auspicioso la aprobación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, y la reciente adopción de la ley que establece una Institución Nacional de Derechos Humanos, donde se incluye el mecanismo nacional de prevención de la tortura.
Agregó que la invitación que le extendió el gobierno de Uruguay “es una muestra de su disposición de someterse a un escrutinio independiente y objetivo. En este sentido, me alegra observar la
buena disposición del Gobierno para reformar el sistema de administración de justicia”, subrayó.
Al concluir su informe preliminar, el Relator Especial formuló las siguientes recomendaciones:

- “Llevar a cabo una reforma del sistema penal judicial, con hincapié en la prevención del

crimen y en la resocialización de los delincuentes, y no en medidas punitivas y en una

política de encierro de presuntos criminales y condenados lejos de la sociedad;

- Establecer un Ministerio de Justicia, responsable del sistema penitenciario y englobado

dentro de una reforma del sistema penal judicial y de una política penitenciaria integral;

- Incrementar el uso de medidas distintas a la encarcelación con el fin de reducir el

hacinamiento en las prisiones;

- Separar a los procesados de los condenados en las prisiones;

- Limitar el plazo máximo de privación de libertad para los detenidos procesados;

- Proveer a los reclusos las necesidades básicas, tales como agua y comida suficiente,

tratamiento médico, más oportunidades laborales, educación y recreación;

- Crear establecimientos adecuados para las reclusas que viven con sus hijos en las cárceles;

- Tipificar la tortura de acuerdo con la definición contenida en el artículo 1 de la

Convención contra la Tortura;

- Llevar a cabo una investigación efectiva sobre cada caso de tortura y malos tratos y llevar

a los perpetradores de tortura ante la justicia;

- Establecer un mecanismo de denuncias accesible y efectivo para víctimas de tortura y

malos tratos;

- Ampliar el mandato del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, para

que incluya todos los centros de privación de libertad y asegurar que este Mecanismo

Nacional de Prevención se integre plenamente en la Comisión Nacional de Derechos

Humanos, la cual será creada próximamente.”
Con esta visita, el Relator Especial inició un proceso de monitoreo que concluirá en 2010 con la presentación de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.


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Ver informe del Relator Espcial sobre la situación en Paraguay.

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